Voracidad recaudatoria

El menor número de cotizantes como consecuencia de las elevadas cifras de desempleados ha venido a generar, automáticamente, una reducción importante en el ingreso de cotizaciones sociales. Una de las consecuencias que hemos podido advertir es que, de forma paralela, se han incrementado las inspecciones a las empresas a los efectos de verificar el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y de Seguridad Social.

 Hoy quiero centrarme en una cuestión cuya comprobación está siendo recurrente en las últimas inspecciones a las que he debido acudir asistiendo a entidades de los más diversos ámbitos, y que, en muchas ocasiones, las propias empresas, o no le dan importancia o, ni tan siquiera consideran sus consecuencias legales.

 Es habitual que las empresas oferten a sus trabajadores la posibilidad de que éstos puedan comprar productos que comercializan las mismas a precios inferiores a los que los vende a sus clientes. Esa actuación, está siendo en la actualidad especialmente controlada por la inspección a tenor de las consecuencias  que derivan de esa práctica.

 Desde un prisma laboral y en aplicación del art. 26.1 del Estatuto de los Trabajadores, tanto la doctrina como la jurisprudencia tienden a no considerar estas adquisiciones como una forma de salario. Ya que el salario en especie consiste en la entrega, por parte de la empresa, de un bien, derecho o servicio no pecuniario, como contraprestación a un trabajo, lo que comporta que no se pueda exigir al trabajador el abono de una cantidad de dinero, como sucede en estos casos. De ahí  esa tendencia a no calificar como salario la entrega de productos a cambio de un precio abonado por el trabajador, ya sea directamente, comprando éste aquéllos y pagando ese precio, ya sea indirectamente descontando su importe de la nómina del trabajador. Estas operaciones se equiparan, más bien, a los anticipos salariales o a los préstamos concedidos por las empresas.

 Sin embargo, y por lo que respecta a la normativa de la Seguridad Social, ésta, con independencia de que esa compra a precio inferior al del mercado no tenga carácter salarial, lo considera un concepto económico parcialmente cotizable. El  Reglamento General de Cotización a la Seguridad Social determina en su art. 23, D, b) que “los productos en especie concedidos voluntariamente por las empresas …. quedarán excluidos de la base de cotización siempre que en valoración conjunta  no  exceda  del 20 por 100 de la cuantía del IPREM mensual vigente en el momento de su devengo …..”. El exceso, pues, cotizará. Y, precisamente, ahí es donde radica el problema. La inspección ha encontrado un auténtico filón en esta cuestión por cuanto las empresas desconocen, u omiten directamente, esta obligación de cotizar por el apuntado exceso. El acta de liquidación y los recargos están cantados.

 Pero el problema no se ciñe al ámbito indicado, sino que trasciende también al tributario por cuanto el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.)  considera todo el beneficio sujeto al I.R.P.F. Es decir: si, por ejemplo, el coste del producto es 100€ y se vende al empleado a 60€, la diferencia , los 40€, está sujeta como salario en especie con cargo al empleado. Por consiguiente, sobre dicha cuantía habrá que efectuar las retenciones a cuenta que correspondan y que en muchos casos no se practican.

 Por lo tanto, alerta con este tema por las implicaciones que puede tener y que hemos entendido relevante destacar.

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