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LIMITANDO LAS FACULTADES DIRECTIVAS DEL EMPRESARIO.

Supongo que nada desvelo si apunto que en la jurisdicción de lo social prima, fundamentalmente, el denominado principio “pro operario.” Es decir, la acepción penal “in dubio pro reo” se convierte, en nuestro ámbito, en un claro “in dubio pro operario.”

Sin entrar en excesivas disquisiciones filosóficas, ello puede ser perfectamente factible y hasta entendible si aplicamos la máxima que viene a recordarnos que en la práctica el trabajador es la “parte débil” de la relación y, en virtud de ello los jueces y tribunales de nuestro ámbito deben ser los garantes del cumplimiento de la norma interpretando la misma, en caso de duda, de manera más favorable para esa “parte débil.”