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Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo: ¡cuidado con los despidos, el desempleo y el acceso a la jubilación!

I.- Objetivo de la información.-

1.- Hemos decidido dedicar esta segunda parte sólo a un tema -el enunciado en el título- por su trascendencia y por las consecuencias que pueden tener, tanto para los trabajadores como para las empresas, las jubilaciones anticipadas -e, incluso, no anticipadas-procedentes de despidos o extinciones contractuales irregulares -aclararemos después extensamente el alcance del término “irregulares”-. Léase atentamente, pues, lo que sigue.

2.- En síntesis, la nueva reforma de la normativa reguladora de la pensión de jubilación introducida por el reciente Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo (BOE 16.03.2013), que se añade a las precedentes dictadas por el anterior Gobierno, tienen un claro objetivo: recortar el alcance de sus prestaciones y exigir nuevos condicionamientos -más años de cotización, principalmente- para poder acceder a las mismas. La razón es obvia: las cuentas no cuadrarían- no cuadran ya- manteniendo la regulación anterior. Al respecto, partimos de que el acceso digamos normal a la pensión de jubilación lo es al cumplir la edad legal establecida al efecto: 65 o 67 años -aplicándose estos últimos paulatinamente cada año- según los años cotizados. Por consiguiente, su acceso antes de cumplir dicha edad, la mayor parte de las veces no voluntario por haber perdido el trabajador su puesto de trabajo, se considera, en principio, al menos legalmente, como anormal o excepcional.- De ahí esas trabas, esa vigilancia y ese control.

Control empresarial: ¿dónde está el límite?

Hace escasos días se publicó un artículo en “La Vanguardia” que me gustaría compartir con vosotros – así hoy no hablo hoy del paro la crisis y todo eso pues uno está muy hartito.-

Pues bien el título del artículo era el siguiente: “Trabajo pide a Schlinder – empresa de instalación y control de ascensores y escaleras mecánicas – que deje de controlar a sus operarios con un chip.” Al parecer, según la información publicada, la empresa ha instalado un dispositivo denominado “acelerómetro” – vaya nombrecito – en el teléfono móvil de sus operarios del servicio técnico y, por lo tanto, encargados de acudir a averías o similares, que detecta el movimiento de los mismos emitiendo un sonido y efectuando una llamada automática a la central de la empresa si no detecta movimiento durante dos minutos.

Contratación temporal: qué se puede y qué no se puede hacer hoy.

Tras la publicación del peculiar, por llamarlo de algún modo, RDL 10/2011, de 26.08, he podido advertir, tanto por las muchos comentarios que siguieron a los dos artículos que publique en este blog como por las innumerables consultas que me han sido efectuadas en mi asesoramiento diario a empresas, que el mismo ha generado una gran confusión especialmente por lo que respecta a la duración de los contratos temporales, me refiero en este momento a los más utilizados – eventual y obra y servicio – y a la suspensión temporal del art. 15.5 ET.

En atención a esas reiteradas y recurrentes dudas y, adicionalmente, como consecuencia de advertir que los dos artículos indicados se encuentran entre los cinco más leídos de todos los artículos publicados en “blog canal profesional”, a fecha de hoy un total de 256, he creído oportuno, un poco “por demanda popular”, reincidir en el tema y realizar una especie de decálogo sobre lo que procede y no procede realizar en este ámbito.

LA REFORMA Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (y 5ª parte)

B) Instrucción administrativa del expediente: informes.-

1.- En el ERE es obligatoria la intervención de la Inspección de Trabajo que deberá emitir su informe acerca del contenido del mismo. Si hubiera habido acuerdo entre las partes, ese informe se limitará a examinar si se ha observado el procedimiento y si las negociaciones se han desarrollado normalmente.

2.- La autoridad laboral que conoce del ERE puede recabar cuantos otros informes juzgue necesarios.

3.- Cuando el ERE afecte a más de una Comunidad Autónoma, la autoridad laboral que sea competente para resolverlo según las normas que hemos expuesto, antes de emitir su decisión ha de solicitar informe a las autoridades laborales de los territorios en que radiquen los otros centros de trabajo afectados.