El Gobierno ha dado a conocer recientemente el Anteproyecto de Ley por el que se modifican, entre otras disposiciones tributarias, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.
Como quiera que dicho Anteproyecto determina la aplicación de dicho impuesto a las indemnizaciones por despido, actualmente exentas de dicha carga, hemos decidido hacer unos comentarios de urgencia al respecto.
El pasado 11 de febrero de 2013 el Tribunal Constitucional – TC- dictó una sentencia de gran relevancia, por lo recurrente y habitual del caso debatido, que, a mi parecer, no ha tenido la repercusión previsible a tenor de la cuestión tratada. Tal sentencia, de forma resumida, venía a declarar que no pueden utilizarse como prueba de infracciones laborales las grabaciones obtenidas mediante sistemas de videovigilancia.
Ha llegado a mi poder un muy interesante resumen y estudio de dicha sentencia elaborado por la empresa de detectives GRUPO HAS que querría compartir con vosotros dada su claridad. A continuación procedo a trascribirlo de forma literal:
I.- Objetivo de la información.-
1.- Hemos decidido dedicar esta segunda parte sólo a un tema -el enunciado en el título- por su trascendencia y por las consecuencias que pueden tener, tanto para los trabajadores como para las empresas, las jubilaciones anticipadas -e, incluso, no anticipadas-procedentes de despidos o extinciones contractuales irregulares -aclararemos después extensamente el alcance del término “irregulares”-. Léase atentamente, pues, lo que sigue.
2.- En síntesis, la nueva reforma de la normativa reguladora de la pensión de jubilación introducida por el reciente Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo (BOE 16.03.2013), que se añade a las precedentes dictadas por el anterior Gobierno, tienen un claro objetivo: recortar el alcance de sus prestaciones y exigir nuevos condicionamientos -más años de cotización, principalmente- para poder acceder a las mismas. La razón es obvia: las cuentas no cuadrarían- no cuadran ya- manteniendo la regulación anterior. Al respecto, partimos de que el acceso digamos normal a la pensión de jubilación lo es al cumplir la edad legal establecida al efecto: 65 o 67 años -aplicándose estos últimos paulatinamente cada año- según los años cotizados. Por consiguiente, su acceso antes de cumplir dicha edad, la mayor parte de las veces no voluntario por haber perdido el trabajador su puesto de trabajo, se considera, en principio, al menos legalmente, como anormal o excepcional.- De ahí esas trabas, esa vigilancia y ese control.
1.- Desde que se publicó en el BOE del 11.02.2012, a través del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, la denominada “reforma laboral”, vigente desde el 12.02.2012, se extendió una opinión, con muchas discrepancias y dudas: desde ese momento, para que las indemnizaciones por despido abonadas por las empresas a sus trabajadores pudieran seguir estando exentas de tributación por el IRPF era necesaria una previa conciliación ante el CMAC -u organismo similar- o ante el Juzgado, con reconocimiento de la improcedencia del despido -o una sentencia en tal sentido-.
Quizás uno de los aspectos que más ríos de tinta han hecho correr tras la entrada en vigor de la reforma laboral ha sido la modificación/reducción de la indemnización legal máxima que hasta la fecha regulaba el art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores —ET—. Así de los “famosos” 45 días de salario por año […]
Como notas de urgencia y sin conocer todavía la siempre importante, y mucho más en un supuesto como el presente, “letra pequeña” os adelanto ya los principales aspectos de la reforma laboral aprobada hoy por el Consejo de Ministros.
Indicar de entrada que podemos considerarla como una verdadera reforma laboral y no el conjunto de parches que hemos venido sufriendo últimamente. Se podrá estar de acuerdo o no con la misma pero nadie puede dudar que “es de calado” y relevancia.” Sin más una reforma laboral no va a generar empleo de forma automática pero si puede generar confianza en las empresas ante la apertura y flexibilización que se aprecia, por fín, en nuestro encorsetado mercado laboral.
Aquí van:
En el BOE de hoy, 17.11.11, aparece publicado finalmente el RD 1620/2011, de 14.11, por el que se regula la relación laboral especial del servicio del hogar familiar cuya entrada en vigor se producirá mañana.
De esta forma se deroga el histórico RD 1424/1985, de 1.08, que hasta la fecha ha venido rigiendo las relaciones de este colectivo.
A los efectos de establecer una mayor seguridad jurídica a este tipo de relaciones tan especiales, pues se deben producir estrictamente dentro del ámbito familiar, se han establecido nuevos requisitos formales y nuevas cuestiones que se deben considerar. Destaco, a modo de notas de urgencia, sus características principales:
Tras la publicación del peculiar, por llamarlo de algún modo, RDL 10/2011, de 26.08, he podido advertir, tanto por las muchos comentarios que siguieron a los dos artículos que publique en este blog como por las innumerables consultas que me han sido efectuadas en mi asesoramiento diario a empresas, que el mismo ha generado una gran confusión especialmente por lo que respecta a la duración de los contratos temporales, me refiero en este momento a los más utilizados – eventual y obra y servicio – y a la suspensión temporal del art. 15.5 ET.
En atención a esas reiteradas y recurrentes dudas y, adicionalmente, como consecuencia de advertir que los dos artículos indicados se encuentran entre los cinco más leídos de todos los artículos publicados en “blog canal profesional”, a fecha de hoy un total de 256, he creído oportuno, un poco “por demanda popular”, reincidir en el tema y realizar una especie de decálogo sobre lo que procede y no procede realizar en este ámbito.
2.- Medidas de Fomento de la Contratación.-
2.1.- Suspensión temporal del art. 15.5 ET.-
Como se recordará el art. 15.5 del ET venía a establecer una limitación temporal a la concatenación de contratos temporales, básicamente de obra y servicio y eventuales por circunstancias de la producción.
De forma resumida dicho precepto indicaba que los trabajadores que en un período de 30 meses hubieran estado contratados, durante un plazo superior a 24 meses, a través de dos o más contratos temporales para el mismo o distinto puesto, adquirirían automáticamente la condición de trabajadores fijos.
Pues bien, el RDL suspende la aplicación de dicho artículo durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de dicha norma. Es decir desde el 31.08.11 al 30.08.13.
