REVOCACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO: CONSECUENCIAS JURÍDICAS.

 

¿Qué sucede cuando a un trabajador extracomunitario con permiso de trabajo y residencia le es remitida una resolución administrativa revocándole o no renovándole el mismo durante la vigencia de un contrato de trabajo validamente formalizado?

Esta pregunta, amén de muy recurrente, ha generado un sinfín de sentencias contradictorias y teorías doctrinales diversas. Que si despido objetivo por ineptitud sobrevenida, que si despido disciplinario, que si suspensión del contrato mientras esa resolución no sea firme y otras análogas. 

Pues bien, en relación a esta materia quiero destacar hoy una reciente sentencia del TSJ de Cataluña, que recogiendo otras muchas a este mismo respecto, llega a unas conclusiones muy interesantes y que comparto íntegramente.

El supuesto de hecho que viene a resolver la Sala es el siguiente: una empleada, de nacionalidad argentina, y titular de permiso de residencia con trabajo por encontrarse casada con un nacional español, es contratada por una conocida cadena de supermercados. Durante la vigencia de la relación la trabajadora se divorcia. La empleada no comunica a la empresa ni ese hecho ni la posterior recepción por su parte de una resolución revocándole, precisamente por la modificación de su estado civil, la indicada autorización para trabajar en España. Al efectuar una verificación rutinaria la empresa se percata de esa circunstancia y automáticamente remite una carta a la empleada procediendo a extinguir la relación que les vinculaba al amparo del art. 49.1 b) del ET. Es decir, por las denominadas “causas validamente consignadas en el contrato.” No obstante es relevante indicar que en el cuerpo del contrato ninguna expresa mención se hacía a que sería valida causa de extinción del contrato la revocación del permiso o autorización administrativa que habilitaba a trabajar en España.

Al recibir la carta de extinción de la relación la trabajadora impugna tal decisión y el Juzgado de lo Social nº 2 de Girona dicta una sentencia calificando como improcedente el despido con las consecuencias legales inherentes a tal declaración. En instancia se fundamenta tal declaración, de forma sucinta, por cuanto se entiende que si la falta de autorización administrativa no invalida el contrato su perdida tampoco, hasta el punto de equiparar al trabajador extranjero en situación irregular sobrevenida a cualquier otro trabajador ya sea extranjero en situación regular o nacional (sic.)

La sentencia de la Sala, de fecha 15.02.11, y que recientemente se ha hecho pública, revoca íntegramente la sentencia de instancia calificando como ajustada a derecho la actuación empresarial. Tras una disquisición muy interesante sobre la aplicación indebida de determinados artículos de la Ley de Extranjería y sobre los derechos y obligaciones de los extracomunitarios en nuestro país, se viene a indicar, que el hecho de que las partes no reseñasen específicamente ese motivo como susceptible de extinción contractual no quiere decir que no se pueda alegar ahora como causa de resolución del vinculo ya que siendo éste – la titularidad de la citada autorización administrativa – un requisito de la validez y eficacia del contrato, desaparecido el mismo, el contrato de trabajo pierde su naturaleza y por tanto deja de producir los efectos para el que fue realizado.

Aún más y en relación a lo desarrollado por el Juez de instancia viene a señalar la Sala que  no pudiéndose discutir la validez del contrato ni los derechos que le asisten al trabajador en situación administrativa irregular, lo que no es admisible es obligar a una empresa a mantener a un trabajador en esa situación, cuando, la falta de autorización sobreviene después de haber suscrito el contrato. Es más, se recuerda que no es lícito obligar a una empresa a soportar las consecuencias, por ejemplo, administrativas sancionadoras derivadas de la falta de autorización sobrevenida o las de un despido disciplinario  por el mero hecho de que el legislador no contemplara expresamente entre las causas de extinción ajenas a la voluntad del empresario la aquí analizada. Por lo tanto la vía del art. 49.1 b) del ET es plenamente ajustada a derecho para el TSJ de Cataluña.

Recomendamos una lectura íntegra de la indicada Resolución por su profundidad jurídica no reñida con su claridad y practicidad.

Por ultimo indicarles que este es mi último artículo “de la temporada.” Deseo a todos los lectores unas felices vacaciones veraniegas que sirvan para desconectar de nuestras presiones cotidianas del día a día y poder reencontrarnos todos en septiembre con las “pilas cargadas”.

Un abrazo para todos.

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