REFORMA LABORAL: ¿QUO VADIS? | Eduardo Ortega Figueiral

REFORMA LABORAL: ¿QUO VADIS?

Siempre se había venido comentando en los foros jurídico-laborales que la verdadera  contra-reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy  en febrero de 2012, tan denostada por unos y alabada por otros, no sería tanto la actuación en su contra de los sindicatos mayoritarios y otros colectivos sociales sino la propia interpretación que de la misma irían efectuando los jueces a medida que los temas más relevantes les fueran siendo planteados. Y así se está demostrando.

De las muchas y diversas cuestiones suscitadas en la reforma del PP, la cual contó con la crítica directa de todos los grupos parlamentarios de la oposición salvo CiU, quizás dos fueron las más relevantes por su trascendencia, tanto en su fondo como en su forma. Podríamos denominarlas, sin temor a equivocarnos, como los pilares básicos sobre los que pivotaba la propia reforma. Concretamente una de ellas sería la desaparición de la autorización administrativa previa en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo -ERE- y la otra la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos.

Pues bien, la interpretación que los jueces han ido efectuando sobre ambas materias ha venido a dejar en entredicho y a cercenar aquellas cuestiones que el actual ejecutivo había entendido como claros motores para la recuperación y flexibilización del mercado laboral.

Por lo que respecta a los ERE, y como era previsible, los jueces no se han limitado, simplemente, a verificar la concurrencia o no de las causas económicas, organizativas, productivas o técnicas alegadas por las empresas en los muchos –muchísimos- casos que han tenido que resolver hasta el momento sino que se han convertido en garantes del procedimiento y de la forma de este tipo de despidos colectivos declarando nulos éstos, en un volumen y proporción muy elevados, lo que ha generado la obligación de readmitir en sus puestos a los empleados afectados. Son muchos los casos que recordamos y que han afectado a empresas muy relevantes y conocidas. Cuántas veces hemos escuchado últimamente una frase que cuando se aprobó la reforma parecía imposible:    “¡¡ Casi estábamos mejor con la autorización de la administración!!”.

Pero el motivo fundamental  de la presente reflexión es la reciente sentencia del pleno de  la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del pasado 19 de diciembre de 2014 (recurso nº 264/2014). En ésta,  por ocho votos frente a seis – división relevante – se ha venido a dar un golpe de muerte al fin de la ultra-actividad de los convenios, tal y como habían venido adelantando muchas Salas de lo Social tanto de los diversos Tribunales Superiores de Justicia de las diversas CCAA como la de la Audiencia Nacional. Entiende, de forma definitiva, que las condiciones de trabajo que se rigen por el convenio colectivo de aplicación siguen en vigor tras la caducidad y finalización del ámbito temporal del mismo, aunque se haya agotado el año de prórroga legal prevista en el propio Estatuto de los Trabajadores sin haber alcanzado un acuerdo específico al respecto.  Cuestión ésta muy – pero que muy – relevante por su aplicabilidad cotidiana.

Como se recodará, con anterioridad a la reforma laboral de 2012, finalizada la vigencia temporal de un convenio colectivo y hasta que las partes a quienes afectaba firmaran otro las condiciones recogidas en el último mantenían su vigencia “in eternum”. Es decir, y no ha sido inhabitual lo que apunto, si las partes tardaban diez años en negociar una nueva norma colectiva, por las razones y/o motivos que fueren, durante ese período las condiciones laborales de los trabajadores se mantenían en los mismos términos previstos en ese último convenio negociado y efectivamente vencido.

Pues bien, la reforma modificaba de raíz tal dinámica. Así tras la misma, superado un año desde la finalización de la vigencia del convenio  las condiciones reguladas en el mismo decaían a todos los efectos y las partes o, mejor dicho, las normas reguladoras y aplicables a las relaciones laborales pasaban a regularse por el convenio de ámbito superior, si la empresa acreditaba uno propio, o de no existir por el propio Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué hizo la empresa cuyo caso se resuelva en esta sentencia? Entendió que al haber trascurrido un año de vigencia prorrogada o ultra-actividad prevista por el nuevo texto legal de 2012, sin que se hubiera suscrito un nuevo convenio de empresa, dejaba de ser aplicable el anterior y al no existir convenio de ámbito superior, comunicó a los trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de los Trabajadores. De este modo, abonó la nómina del mes entonces en curso –julio 2013- en dos cuantías diferentes: un período a razón del salario anterior, según en el convenio finalizado, por los días en que aún estaba en vigor el convenio y otra cuantía inferior por el período restante, con arreglo ya al Estatuto de los Trabajadores, siempre según la práctica seguida por la empresa.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal desestima y rechaza la práctica llevada a cabo por la empresa, tal y como ya realizó la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Baleares,  modificando y matizando la denominada ultra-actividad de los convenios tras la reforma del 2012. De ahí que podamos hablar de verdadero varapalo judicial a la citada reforma.

El Supremo viene a determinar que aunque el convenio decaiga al cabo de un año de haber finalizado su vigencia inicial, los derechos que en base al mismo acreditaban los trabajadores siguen vigentes al haberse contractualizado y así formar parte íntegra de la relación que vincula a empresa y trabajador desde el mismo momento en el cual se suscribió el citado contrato laboral.

En atención a ello el fallo de la Sentencia del Tribunal Supremo concierne y vincula directamente a los trabajadores que formen parte de la plantilla de la empresa en el momento de la finalización del convenio, pero no a los que hubieran sido contratados posteriormente.

Muy importante fallo pues muy importantes son también sus consecuencias por la gran polémica que suscitó desde un primer momento esta cuestión.

Seguiremos informando pues la contra-reforma aún no ha terminado.

 

Eduardo Ortega Figueiral

 

www.bufete-ortega.com

 

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