Más sobre el acoso moral

         

No es muy habitual que el Tribunal Supremo, en sus recursos de casación para la unificación de doctrina, resuelva supuestos de acoso moral dada la especialísima casuística de estos casos. En atención a ello la inadmisión de éstos es algo muy habitual. Pues bien, ha llegado a mis manos una muy interesante sentencia del Alto Tribunal que, esta vez sí, estudia esta cuestión. La particularidad de esta resolución se centra en el hecho de que el recurso no resuelve la “típica” extinción contractual al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores a la que a su vez se le acumula una indemnización de daños y perjuicios. No. La inicial actora en el procedimiento que a continuación comentaremos tras la finalización de su contrato temporal solicitó exclusivamente la imposición de una indemnización de daños y perjuicios tanto a la persona física que cometía directamente el acoso como solidariamente a su antigua empleadora por permitir esa actuación.

El juzgado de instancia que resolvió la inicial demanda formalizada por la actora estimó la pretensión principal pero sólo condenó a la persona física que protagonizó el acoso absolviendo a la empresa de todos los pedimentos en su contra. En los hechos probados de la citada resolución quedó acreditado que el acosador, superior jerárquico de la demandante, al verse rechazado por ésta en su afán de mantener una relación sentimental inició una auténtica persecución en su contra. “Perlas” tales como continuas órdenes de limpieza, control extenuante de todos sus movimientos o comentarios hirientes eran su tónica habitual. Tal actuación generó en la demandante la necesidad de tratarse médicamente a tenor de un diagnosticado  cuadro de ansiedad intenso.

La actora y el condenado formalizaron sendos recursos de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia siendo estimado el de la trabajadora. De este modo se amplió la condena, de forma solidaria, contra la empresa por su inacción y omisión de sus obligaciones para con sus trabajadores. La empleadora recurrió ante el Supremo en unificación de doctrina. El planteamiento seguido por la empresa en su recurso se centraba en alegar hasta que punto, acreditada la existencia de una situación de acoso de un empleado frente a otro, debe ser  responsabilizada solidariamente la empleadora de ambos si ésta no ha tenido conocimiento de los hechos hasta el momento en que le fue notificado por la perjudicada efectuando, en ese momento, las labores investigadoras apropiadas.

El Alto Tribunal estima el recurso de la empresa y la absuelve basándose en que la responsabilidad empresarial en un caso como el presente vendrá dado por la vía de la responsabilidad contractual, pero sólo para el caso de que el empresario tenga un conocimiento cabal o, al menos, indicios serios que denoten que conocía la situación de acoso y su pasividad ante tales hechos. La responsabilidad de la empleadora, como pretendía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, no cabe basarla en los deberes de prevención de riesgos laborales que al empresario le impone la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, pues de ser así sería absolutamente imposible predecir todos los riesgos potenciales existentes en las relaciones sociales que se dan en un entorno laboral entre los empleados, ya que entonces el empleador necesitaría sistemas de vigilancia prácticamente permanentes que podrían atentar, incluso, contra el derecho a la intimidad de sus propios trabajadores. Relevante sentencia que finalmente delimita responsabilidades en un campo tan complejo.

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