LAS PRINCIPALES MEDIDAS SOCIALES-LABORALES DE PEDRO SANCHEZ PARA LA NUEVA LEGISLATURA …. O SU PROGRAMA ELECTORAL.

Como consecuencia de las múltiples reuniones llevadas a cabo con diversas organizaciones de la sociedad civil de todos los ámbitos durante los últimos meses, y de las que los medios han dado el conveniente eco, el PSOE y su Secretario General,  han presentado su programa de medidas “progresistas.”

De un total de 370 propuestas que contiene el documento en cuestión, recogidas en seis bloques de todos los ámbitos, nos centramos en esta nota en aquellas cuestiones socio-laborales (empleo y Seguridad Social) pues es necesario conocer “aquello que se nos puede venir encima”  bien en caso de que finalmente se alcance acuerdo para formar Gobierno en la presente legislatura o bien, de no ser ello posible, en el caso de que tengamos que ir a nuevas elecciones generales a modo de programa electoral en este ámbito del partido que las propone.

Ya adelantamos que algunas de las propuestas que aparecen entre las medidas que destacaremos son un claro guiño a Unidas-Podemos pues no aparecían en el último programa electoral del PSOE – por ejemplo, la genérica reforma de las causas del despido objetivo que aparece por vez primera.- Dicho lo anterior nos sorprende que entre las medidas desarrolladas, y son muchas, no aparezca específicamente una que se ha venido reiterando con insistencia durante los últimos tiempos: la primacía del convenio sectorial sobre aquél de empresa. Veremos …

Como apuntábamos, a continuación, reproduciremos, a modo de resumen práctico, las principales medidas en materia laboral/Seguridad Social general para, según reza en el documento presentado “Avanzar hacia un empleo digno y unas pensiones justas, recuperando plenamente los derechos de trabajadores y pensionistas (…) y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”:

  1. Empleo digno:
  • Elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno, de calidad y estable.
  • Reforzar el principio de causalidad en la contratación, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo.
  • Mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo, profundizando el cambio de modelo laboral y salarial basado en una política de rentas progresista, el desarrollo de sectores industriales y de servicios.
  • Revisión de la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento y para garantizar efectivamente los derechos de las personas que trabajen con este régimen, mayoritariamente mujeres.
  • Reforma de la regulación del despido para revisar las causas del despido objetivo.
  • Reforma de la legislación sobre contratación y subcontratación laboral para limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, y para asegurar los derechos de los trabajadores.
  • Revisión de la regulación de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo para la recuperación de los derechos laborales.
  • Con carácter de urgencia, análisis de la posible modificación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que incluya los siguientes aspectos:
    • Ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo (ultraactividad).
    • Revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
    • Reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, la inestabilidad y la rotación laboral.
  • Reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.
  • Intensificación de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, particularmente para evitar el uso fraudulento de la contratación temporal y tiempo parcial y combatir la economía sumergida.
  • Combatir los supuestos de contratación de personas que son falsas autónomas.
  • Mejora de las subvenciones al emprendimiento y orientaremos la política de empleo hacia trabajos dignos, de calidad y estables.
  • Dentro de la formación profesional, inclusión de oficios tradicionales de alta cualificación y adaptados a los nuevos retos tecnológicos y de la economía digital.
  • Aumento progresivo del SMI, acordado en el dialogo social, hasta situarlo al final de esta Legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea.
  • Ratificación Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional a la Carta Social Europea.
  • Reforzar el Plan de Choque por el Empleo Joven, incrementando los recursos públicos en políticas activas de empleo.
  • Mejora de los espacios de participación de la juventud en la elaboración de las políticas públicas que les afecten.
  • Aprobación y desarrollo del Estatuto del Becario mejorando su retribución, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en la empresa.
  • Creación de la Academia de la Orientación, para asegurar que la formación continua de los profesionales de la orientación laboral sea homogénea y de calidad en todas las comunidades autónomas.
  • Actualización de la legislación de prevención de riesgos laborales, clarificaremos los conceptos de enfermedad profesional y de accidente de trabajo.
  • Ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de 21 de junio de 2019.
  • Inclusión y desarrollo más específico del derecho a la desconexión y la adecuada gestión del tiempo del trabajo dentro de la normativa laboral.
  • Elaboración de una específica carta de derechos de los trabajadores y trabajadoras para adecuarlos a las exigencias de la digitalización, incluyendo la regulación del derecho efectivo a la intimidad, mediante el establecimiento de garantías en el ámbito de la geolocalización, tiempos e intimidad informática.
  • Apoyo a las empresas de economía social como modelo de empresa sostenible, integradora y generadora de empleo de calidad y como agentes clave para un desarrollo territorial equilibrado y una mayor cohesión social.
  • Impulso de la Economía Social tanto a nivel nacional como comunitario y mejoraremos su representatividad y el dialogo institucional. Asimismo, y en atención a su transversalidad en cuanto a los sectores y materias a los que afecta, pondremos en marcha una Comisión Interministerial para mejorar la coordinación y coherencia de acción desde los diferentes Departamentos ministeriales.
  • Revisión del régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.
  • Mayor impulso público en materia de formación profesional e innovación dirigido a mejorar la productividad de las empresas españolas, incluidas las PYMES.
  1. Adecuación del Sistema de Seguridad Social a los principios constitucionales, en atención al dialogo social y en el marco del Pacto de Toledo:
  • Blindaje en la Constitución del Sistema Público de Pensiones para seguir impulsando su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de las fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo.
  • Actualización de las pensiones de acuerdo con la evolución del IPC real, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas.
  • Eliminación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013.
  • Reforma del Sistema de la Seguridad Social para eliminar las discriminaciones por razón de género, particularmente en materia de trabajo a tiempo parcial, teniendo en cuenta las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional.
  • Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, incrementando progresivamente la aportación del Estado, redefiniendo las fuentes de financiación y combatiendo eficazmente el fraude y la economía sumergida, así como mediante la reordenación de las deducciones.
  • Revisión del sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares.
  • Revisión del complemento por maternidad para hacerlo más equitativo.
  • Plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar antes de 2021. Se firmará y se ratificará el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
  • Fomento del diálogo social con las organizaciones representativas del trabajo autónomo, así como a la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta ajena, así como al establecimiento de una cotización acorde con sus ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
  • Constitución del Consejo del Trabajo Autónomo, para asegurar un cauce que garantice la participación en el diseño de las políticas públicas que incidan sobre el trabajo por cuenta propia, dando cumplimiento a la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
  • Puesta en marcha el Plan de Impulso del Trabajo Autónomo, “Autonom@s 2030”, como paso previo a la elaboración de una Estrategia para el Trabajo Autónomo para los próximos 10 años. Asimismo, se desarrollará un Plan de relevo generacional que permita la sustitución de las personas que se jubilan por nuevos activos de personas trabajadoras autónomas.
  • Reordenación y simplificación de los subsidios por desempleo y su sustitución por una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, para dotarla de una mayor estabilidad, de manera que haga posible elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de las personas desempleadas que lo necesiten.
  • Incentivar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias a través de la aplicación efectiva de la Ley 35/2011, mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad Social.
  • Revisión de las bonificaciones a la contratación, garantizando el mantenimiento de aquellas que tienen como finalidad la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad.
  1. Empleo y servicios públicos:
  • Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público: mejora para el acceso al empleo público, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación del desempeño, clasificación profesional, etc.
  • Fomentar la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables.
  • Revisión del contrato de interinidad en las Administraciones Públicas, evitando su uso abusivo, en la línea de los últimos pronunciamientos judiciales.
  • Digitalización de la Administración reduciendo la burocracia, unificando en una única plataforma toda la información y oferta de trámites y servicios disponibles, en función de las preferencias de cada persona.
  • Facilitar el acceso a un espacio ciudadano on-line, una Carpeta Ciudadana, donde las personas puedan comunicarse con la Administración, solicitar cita previa para realizar gestiones, acceder a trámites, consultar expedientes en curso o finalizados o recibir avisos y alertas. Todo ello, con garantía de cumplimiento de estándares de accesibilidad a la web, que eviten la discriminación de personas con discapacidad.
  1. Igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación:
  • Aplicación de todas las medidas del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
  • Garantizar el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, hasta que los menores cumplan doce años.
  • Potenciar las inspecciones laborales, incrementar el régimen sancionador y creación de la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo.
  • En el ámbito del empleo público, implementar la perspectiva de género en las instituciones de la Administración General del Estado para eliminar la discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres.
  • Obligación de que los consejos de administración de las sociedades cumplan con el principio de diversidad y presencia equilibrada, previsto en la Ley 3/2007, en el periodo de 4 años y de forma progresiva.
  • Seguir con la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad (nacimiento) iguales e intransferibles, de forma progresiva, para que estos permisos sean totalmente iguales (16 semanas), intransferibles y retribuidos al 100% en 2021, modificando aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad de los permisos.
  • Desarrollo de programas para fomentar la paternidad responsable, para avanzar en la corresponsabilidad en el cuidado de las hijas e hijos.
  • Aprobar un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluirá el impulso de una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios.
  • En el ámbito de las políticas de igualdad, atender y apoyar las necesidades de las mujeres que pertenecen a colectivos cuyas circunstancias requieren un abordaje específico, como son las mujeres del medio rural, las mujeres de etnia gitana, las mujeres migrantes o las mujeres con discapacidad, entre otras.
  • Potenciar las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre las jóvenes para cerrar la brecha de género en estos estudios con medidas como matrícula gratuita el primer año, para las jóvenes que se matriculen en carreras donde haya de media menos de un 30% de estudiantes mujeres, y se estudiará la aplicación de puntos adicionales en las solicitudes de becas para estos estudios de grado y postgrado.
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