Las nuevas tasas judiciales | Eduardo Ortega Figueiral

Las nuevas tasas judiciales

1. Las nuevas tasas. Quizás una de las cuestiones vinculadas al  ámbito jurídico que más controversia y protestas ha suscitado –en algunos casos con razón-  ha sido la publicación en el BOE nº 280 del pasado 21.11.12, de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, en la que se desarrollan las denominadas comúnmente nuevas tasas judiciales. Al respecto, éstas han sido incrementadas, en unos casos,  en porcentajes y cuantías muy elevadas y, en otros, se han creado otras antes inexistentes. En atención a ello, entendemos conveniente destacar los aspectos más relevantes de este polémico tema que, en algunos casos, se viene a tachar de cuasi-inconstitucional por limitar o poner trabas a un derecho fundamental como es, el de la tutela judicial efectiva. Obviamente sobre éste último aspecto hay opiniones, como en casi todo, para todos los gustos.

2. Alcance. Las nuevas tasas afectan a todos los ámbitos procesales (civil, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc …). Dicho ello y, como es obvio, dada la especialidad del que suscribe estas notas, voy a limitarme al ámbito de los procedimientos laborales. En primer lugar, por la propia naturaleza y objeto de los post que publico regularmente, todos centrados en el ámbito del derecho laboral y dela Seguridad Social con “todas las derivadas”, vinculadas directa e indirectamente al mismo. En segundo, porque la competencia de los Juzgados Contencioso-Administrativos (impugnación de actos y decisiones de la Administración) ha pasado, prácticamente de forma íntegra, según la normativa dela Ley Reguladora dela Jurisdicción Social, al ámbito de ésta.

3. Nuevas tasas laborales. Las nuevas tasas afectan, en lo que se refiere al procedimiento laboral, a los recursos de suplicación -para impugnar las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social- y a los recursos de casación -para impugnar ante el Tribunal Supremo las sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas Comunidades Autónomas y o aquéllas dictadas porla Audiencia Nacional en primera instancia-.

4. Recursos de suplicación. En base a lo anterior, pues, para tramitar la empresa un recurso de suplicación deberá abonar la siguiente tasa:

 a) En primer lugar, una cantidad fija de 500€.

b) Además, una cantidad resultante de aplicar un determinado porcentaje sobre la cuantía objeto del procedimiento. Con el siguiente detalle:

  • Un 0,5%, hasta 1.000.000€.
  • Un 0,25%, de lo que exceda de 1.000.000€.
  • En ningún  caso, sin embargo, esta cantidad resultante puede exceder de 10.000€.
  • Aquellos procedimientos cuya cuantía, por la naturaleza de lo reclamado, fuere indeterminada se valorarán, a estos efectos, en 18.000€.
  • Cuando se acumulen diversos procedimientos o asuntos o cuando sean varios los conceptos reclamados en una misma demanda, para determinar la cuantía sobre la cual aplicar el porcentaje que corresponda se sumarán unos u otros.

5. Recurso de casación.  Para tramitar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo la indicada tasa ascenderá a:

a) Por un lado, a una cantidad fija de 750€.

b) Por otra parte, se aplican exactamente las mismas reglas que en el recurso de suplicación para determinar el correspondiente porcentaje sobre la cuantía litigiosa.

6. Otras obligaciones económicas empresariales en los recursos de suplicación y casación. Lo anteriormente expuesto, y esto es muy importante, es totalmente independiente de las obligaciones económicas procesales que ya tenían las empresas que decidían recurrir una sentencia:

a) En primer lugar, depositar en el Juzgado el importe de la condena o presentar un aval bancario por dicha cuantía.

b) En segundo efectuar el denominado “depósito para recurrir” ya previsto en la Ley de la Jurisdicción de lo Social, cuyo importe es 

  • 300€ en los recursos de suplicación.
  • 600€ en los de casación.

Es decir, la nueva tasa no exime del abono de estos depósitos pues son dos cuestiones totalmente diversas.

7. Los trabajadores y las tasas. En este específico punto es donde principalmente se ha centrado la gran polémica y esa tacha de inconstitucional de estas medidas, pues los trabajadores también quedan sujetos al abono de las tasas y del porcentaje sobre la cuantía del litigio que hemos expuesto en los apartados 4 y 5, si bien con una exención o bonificación del 60%. No obstante, si concurren en ellos los requisitos que se exigen para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita, la exención será del 100%.

8. Entrada en vigor efectiva de las nuevas tasas.  La Disposición Final 7ª de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, determina que su entrada en vigor lo sería al día siguiente de la fecha de su publicación. Es decir, el 22 de noviembre. No obstante, al no existir todavía los correspondientes impresos, estas normas no serán aplicables hasta que éstos se encuentren disponibles (¡!).

A la injustificación total y absoluta de estas tasas, ánimo recaudatorio puro y duro en un estado actual “cuasi confiscatorio”, se une la absoluta improvisación de publicar la Ley “sin los impresitos” correspondientes para su adecuada aplicación. Creemos que sobran los comentarios aunque ya pueden imaginarse cuáles serían éstos.

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Una respuesta a “Las nuevas tasas judiciales”

  1. Francisco J. Pozo dice:

    No veo muy claro la aplicación de la partida variable en el recurso, pues la misma va en relación al procedimiento (fase inicial de admisión en el civil y contencioso no en social). Es más, faltaría en tal caso mención a la exención del 60% al trabajador o el autónomo al respecto.
    Sería insólito que en recurso de suplicación se estableciera. Pero vamos, todo puede ser…, quizás la solución nos la de la futura Orden ministerial, o incluso el propio modelo de liquidación.

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