LA REFORMA Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (1ª parte)

 

I.- CONSIDERACIONES Y PUNTUALIZACIONES GENERALES.-

            Vamos a exponer unas y otras de forma muy breve y concreta. Pero hemos de tratarlas necesariamente pues se trata de cuestiones  importantes que resulta necesario tener claras antes de entrar propiamente en materia. Al respecto, pues :

            1.- Esta reforma se ha llevado a cabo a través del Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.

            2.- Este Real Decreto sustituye íntegramente al 43/1996, de 19 de enero que tenía  exactamente el mismo título y que regulaba las mismas materias. Sistemática ésta que juzgamos, sin duda, positiva. En nuestro anterior artículo criticábamos el método empleado en la reforma de la negociación colectiva (Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio) que derogaba determinados apartados, números, letras y párrafos de los distintos artículos que se modificaban, obligándonos a tener delante los dos textos, el derogado y el actual, para determinar qué era lo que se eliminaba y cuáles las normativas nuevas.

            3.– Pregunta obligada: ¿estamos, en esta ocasión, ante una reforma profunda y de calado? Ciertamente las modificaciones y variaciones que se han introducido son notables. Pero la mayoría, con mucho, de éstas no suponen, en realidad,  novedades propiamente dichas; no han sido otra cosa que la traslación a la normativa legal de las reglas tácitas y de hecho que se han venido aplicando habitualmente en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo -ERE, en adelante- bien simplemente por la vía tácita, como aplicación práctica o de hecho, bien a instancia de las autoridades laborales administrativas competentes para resolverlos bien, de modo particular, por criterios procedentes de la jurisprudencia y doctrina judicial.

            4.– ¿Por qué aludimos aquí a esas jurisprudencia y doctrina si la jurisdicción social no tiene aún competencia funcional y decisoria para resolver cuestiones relacionadas directamente con las causas y motivos de los ERES?. Por lo siguiente:

          a)     Los juzgados y salas de lo social de los  tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas españolas sí tienen específica competencia para conocer las demandas que se plantean contra los despidos objetivos decididos  por amortización de puestos de trabajo,  despidos éstos que tienen su base legal en el art. 52, c) del Estatuto de los Trabajadores -en adelante ET-.

          b)     Los motivos que sirven de base a las empresas para proceder a tales despidos son exactamente los mismos que fundamentan los ERE: económicos, productivos, técnicos y/u organizativos. Tan es así que el indicado art. 52, c) del ET -que prevé los despidos objetivos- se remite expresamente a las causas definidas en el art. 51 del mismo ET -que regula los ERE- para que aquéllos puedan tener lugar.

          c)     La única circunstancia que determina que, ante una situación determinada, se deba proceder a despidos bien a través de la sistemática  establecida  para  las  amortizaciones  de puestos de trabajo bien a través de un ERE es, simplemente, el número de trabajadores afectados. Los motivos y las causas de unos y del otro son, insistimos, exactamente las mismas.

          d)     Por consiguiente, resulta obvio que los criterios, de hecho y de derecho, aplicados en los despidos objetivos influyan y repercutan en los ERE. Sobre todo en la temática referente a la justificación de las extinciones contractuales.

            5.– Lo que acabamos de exponer tiene una consecuencia directa y también lógica: la normativa contenida en el Reglamento objeto de este informe va a ser aplicada no sólo en la tramitación de los ERE sino también, sin duda, en los procedimientos de los despidos objetivos por amortización de puestos de trabajo. Exactamente como es aplicable en dichos procedimientos el contenido del art. 51 del ET. Y nos referimos ahora, por ejemplo, muy especialmente, entre otros supuestos, al criterio y documentación que se exige en empresas pertenecientes a un grupo empresarial para justificar despidos, tanto sean objetivos, procedentes de  amortizaciones de puestos de trabajo, como colectivos, procedentes de la tramitación de un ERE. La consideración de la situación de la empresa afectada en uno y otro caso no puede ser, en ningún caso, individual sino global, referida a la conjunta de las empresas que componen el grupo.

            6.– Finalmente, antes de proceder ya al estudio del nuevo Reglamento  sólo recordar que éste se refiere, fundamentalmente, a aspectos formales -procedimentales y de tramitación- de los ERE. La regulación sustantiva de los mismos sigue estando contenida en el art. 51 del ET.

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