La grabación de videovigilancia es una prueba válida para el despido. | Eduardo Ortega Figueiral

La grabación de videovigilancia es una prueba válida para el despido.

En este caso la Sentencia 77/2017, de 31 de enero pasado, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo asume que, puesto que los trabajadores conocían la existencia de las cámaras en su lugar de trabajo y a pesar de que no habían sido informados de sus fines disciplinarios, las grabaciones –obtenidas por una cámara que enfocaba la caja registradora o Terminal Punto de Venta (TPV)- en las que se muestra como un empleado había manipulado tickets y hurtado diferentes cantidades de dinero son prueba suficiente para su despido disciplinario.

Hasta el momento tanto el Juzgado de los social nº 15 de Barcelona como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña habían declarado el despido improcedente al no admitir la validez como prueba de las grabaciones aportadas por la empresa porque se consideró que vulneraban el derecho a la protección de datos porque los trabajadores no habían sido informados de que el objetivo de las cámaras era el control de su actividad.

La Sala IV del Alto Tribunal en la  fundamentación de la sentencia a la que nos venimos refiriendo, recoge y aplica la doctrina establecida al respecto por la sentencia 39/2016 del Tribunal Constitucional, de 3 de marzo de 2016 que rebajó los requisitos para admitir la validez de imágenes grabadas por el empleador con fines disciplinarios. Con esta sentencia se rompió con lo establecido hasta el momento por el TC en cuanto a la videovigilancia en el ámbito laboral según la cual, la empresa debía avisar a los trabajadores no sólo de la instalación de las cámaras sino también de su función de control de la actividad de los empleados, ya que de no advertir de sus fines disciplinarios suponía la nulidad de la prueba porque se consideraba que se vulneraba el derecho a la protección de datos.

Por el contrario, la nueva doctrina constitucional al respecto establece que sólo es necesario que los trabajadores tengan conocimiento de la existencia, ubicación e instalación del sistema de video vigilancia, pero no de que pueden tener una finalidad disciplinaria. En cuanto a una posible vulneración del derecho a la protección de datos se establece que al haber una relación laboral entre las partes no es necesario un consentimiento individual ni colectivo de las grabaciones, ya que ése se entiende implícito si es necesario para el mantenimiento y cumplimiento del contrato. De manera que sólo resulta preceptivo el consentimiento de los trabajadores cuando el tratamiento de estas imágenes se use con una finalidad ajena al cumplimiento del contrato.

La sentencia del Supremo recuerda que esta doctrina ya ha sido aplicada también por la Sala IV en su sentencia 630/2016, de 7 de julio de 2016 , en la que se resolvía sobre el caso de una empleada de supermercados DIA que consumía productos de la empresa en el almacén sin pagarlos, conducta que había sido registrada por las cámaras de vigilancia, de cuya instalación tenían ella y todos los trabajadores pleno conocimiento y que resultaba ser una medida proporcional para intentar evitar las continuas pérdidas empresariales.

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