El empresario puede grabar al trabajador sin su consentimiento expreso.

Relevante cambio de criterio. Una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 3 de marzo de 2016, considera que la videovigilancia es posible cuando la finalidad sea de seguridad o control laboral. El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario y existiendo en el centro de trabajo carteles informativos que informaban de la existencia de cámaras.

 La indicada sentencia del Tribunal Constitucional – TC – viene a señalar literalmente:

“… El empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral”.

En este sentido, el órgano judicial apunta que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”.

El caso que estudia el Tribunal está relacionado con una dependienta de la marca de ropa “Bershka”, del grupo “Inditex”, a la que una cámara de videovigilancia grabó apropiándose de dinero de la caja, lo que motivó su despido. Tal y como recoge la sentencia, la afectada decidió acudir a los tribunales y “en su demanda de despido, así como en el recurso de suplicación, puso de manifiesto que en el centro de trabajo no existía comunicación al público ni carteles comunicativos de la existencia de cámaras de videograbación, ni tampoco comunicación a la Agencia de Protección de Datos, ni comunicación o informe previo del comité de empresa de la instalación de la videograbación”. En su demanda planteó, con carácter general, la vulneración de su derecho a la intimidad en relación con el derecho a la protección de datos.

 En relación a tales alegaciones el TC argumentó lo siguiente:

i.       Si la dispensa del consentimiento prevista en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) se refiere a los datos necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento de la relación laboral, la excepción abarca sin duda el tratamiento de datos personales obtenidos por el empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

ii.     La exigencia de finalidad legítima en el tratamiento de datos prevista en el artículo 4.1 de la LOPD viene dada, en el ámbito de la videovigilancia laboral, por las facultades de control empresarial que reconoce el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, siempre que esas facultades se ejerzan dentro de su ámbito legal y no lesionen los derechos fundamentales del trabajador.

iii.    Aunque no se requiere el consentimiento expreso de los trabajadores para adoptar esta medida de vigilancia que implica el tratamiento de datos, persiste el deber de información del artículo 5 de la LOPD. En este caso dicha información era proporcionada por los carteles al respecto existentes en ese centro de trabajo.

iv.    Sin perjuicio de las eventuales sanciones legales que pudieran derivar, para que el incumplimiento de este deber por parte del empresario implique una vulneración del artículo 18.4 de la Constitución Española, exige valorar la observancia o no del principio de proporcionalidad. Debe ponderarse así el derecho a la protección de datos y las eventuales limitaciones al mismo justificadas en el cumplimiento de las obligaciones laborales y las correlativas facultades empresariales de vigilancia y control reconocidas en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, en conexión con los artículos 33 y 38 de la Constitución.

La sentencia estudia este caso concreto y concluye lo siguiente:

“… Del razonamiento contenido en las sentencias recurridas se desprende que la medida de instalación de cámaras de seguridad que controlaban la zona de caja donde la demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de que alguno de los trabajadores que prestaban servicios en dicha caja se estaba apropiando de dinero); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si algunos de los trabajadores cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja), por lo que debe descartarse que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal consagrado en el artículo 18.1 de la Constitución Española”.

 

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