Despido improcedente de trabajadora que se negó a ir al trabajo por miedo a contraer el COVID-19.

La empresa, en lugar de acudir a un despido disciplinario o de imponer una sanción, o de propiciar la extinción de la relación por ineptitud sobrevenida opta por la solución más perjudicial para la trabajadora que le priva, incluso, del derecho a la prestación por desempleo.

No es la primera vez que un Juzgado de lo Social determina la improcedencia de un despido cuando la falta de asistencia al trabajo viene determinada por el miedo al contagio por COVID19.

En esta ocasión, la trabajadora padece un TOC (trastorno obsesivo compulsivo), aunque no certificado como tal, y a los nueve días de declararse el Estado de Alarma, en plena conmoción social, comunica a la empresa que no se ve capaz de cumplir con su obligación y admite, por considerarlo justo, lo que se le pueda “venir encima”.

Pero esta comunicación no puede interpretarse como una renuncia voluntaria; no se está ante una dimisión porque la trabajadora, en sus comunicaciones con la empresa, asume la responsabilidad en la que pudiera haber incurrido por su inhibición.

Incluso el responsable de producción en una conversación telefónica, lejos de reprenderla o de anticiparle alguna consecuencia adversa, trató de calmar y dar ánimo a la trabajadora; pero sorprendentemente, y al día siguiente, es la empresa la que lleva la iniciativa, y la trabajadora, confundida por el empleo de términos ambiguos, se limita a preguntar por las consecuencias de la decisión venidera, preocupada por la sospecha que lo perderá todo, porque la empresa en ningún momento utiliza el término “despido”; hasta que la conversación deriva en la afirmación por parte de la empresa de que se trata de una baja voluntaria.

Crítica la sentencia que la empresa, en lugar de acudir a un despido disciplinario o de imponer una sanción de alcance más moderado, o de propiciar la extinción de la relación laboral por ineptitud sobrevenida o, incluso, de remitir a la trabajadora al INSS para que se valore el impacto laboral de su dolencia, opta por la solución que, con nulo quebranto económico para ella -pues no pagará un céntimo por indemnización-, mayor perjuicio causará a la trabajadora, a la que le privará, incluso, del derecho a cobrar la prestación por desempleo.

Que la trabajadora ante tal afirmación contestara un simple “gracias” nada implica porque tras recibir el oportuno asesoramiento legal contestó de forma rotunda “No quiero la baja voluntaria de mi contrato”.

La trabajadora no dimitió, sino que fue la empresa la que, por la vía del hecho, procedió a despedirla de forma improcedente tal y como así se declara en la sentencia.

Juzgado de lo Social nº 1 Cáceres. Sentencia 182/2020, 5 Oct. Proc. 191/2020

 

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