COVID-19: Adoptar medidas organizativas para poder reabrir el negocio no constituye modificación sustancial de condiciones de trabajo (MSCT) si tratan de preservar la salud de los empleados.

Importante sentencia en la que se determina que adaptar medidas organizativas, de seguridad y salud, para adaptar un comercio (tienda) y poder reabrir tras la situación provocada por el Covid-19 no es una MSCT.

Razona el TSJ de Madrid que cuando, como sucede en este caso, se ha intentado un acuerdo con los representantes de los empleados para adoptar medidas que permitan la reapertura (preservando la salud de los trabajadores), si no se alcanza dicho acuerdo, corresponde al titular de la actividad (empresario) tomar las decisiones oportunas.

No cabe por tanto considerar que la adopción de las medidas constituya una MSCT, ya que la empresa está obligada a adoptar medidas que garanticen la salud y seguridad de los empleados y de terceros (por ejemplo, clientes).

Concretamente, por correo electrónico de 6 de mayo la empresa (conocida cadena de tiendas retail) informa al comité de empresa conjunto de Madrid del borrador de medidas de seguridad y salud para la reapertura de tiendas donde se han tenido en cuentas las diferentes aportaciones de los comités.

Con el email se acompañaba el documento denominado “medidas de seguridad y salud para la reapertura al público de tiendas”, así como un documento dirigido “a la representación legal de los trabajadores de (…) en la provincia de Madrid” asunto, fases de reapertura progresiva al público de nuestras tiendas.

Entre otras medidas, para garantizar la salud y seguridad se consideraba necesario por la Dirección, en tanto en cuanto así venga determinado por las distintas OM de Sanidad, la organización de los turnos para garantizar la distancia de seguridad interpersonal mínima interpersonal entre los trabajadores, así como para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, para lo cual se proponían tres opciones de turnos a acordar en cada centro de trabajo que variaban horarios previos.

Los sindicatos Alternativa Sindical de Trabajadores (AST) y Confederación Territorial de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura de la CGT impugnan la decisión de la empresa de implementar los turnos indicados en conflicto colectivo por MSCT.

El TSJ de Madrid desestima la demanda y niega que exista en este caso una MSCT

A la vista de la normativa aplicable (tanto a nivel nacional como autonómico), la Sala considera que las decisiones empresariales adoptadas entran dentro de atribuciones del titular de la actividad laboral legalmente encomendadas (poder de dirección empresarial).

En primer lugar, encuentran su cobertura en la normativa reguladora de una situación ciertamente excepcional y perentoria.

Se trata, igualmente, del ejercicio adecuado de un poder de dirección y organización con un margen de determinación individual en el que no se ha desconocido el espacio ocupado por otras fuentes normativas pues, ciertamente, se ha contado en todo momento con el comité de empresa a través de un proceso negociador en toda regla en el que la parte trabajadora se ha visto igualada en la mesa negociadora a la hora de determinar las medidas a adoptar.

El hecho de que no se haya logrado un acuerdo no minimiza la bondad del proceso negociador ni mancha la actuación empresarial, por esta sola circunstancia, de ilegalidad.

En segundo lugar, las decisiones empresariales han tratado de conjugar la obligación de adoptar las medidas impuestas por la normativa del estado de alarma con la normativa de prevención de riesgos laborales.

En la normativa de PRL  se exige al empresario una diligencia máxima, así como con la laboral, tarea ciertamente compleja porque implica la construcción de un adecuado y equilibrado entramado de derechos y obligaciones de protección de la salud, de intereses personales, sociales y empresariales, de necesidades productivas y familiares de muy diversa índole en el que se ha dado en todo momento prevalencia a la preservación de la salud de los trabajadores que el artículo 15 de la Constitución Española consagra en los siguientes términos:

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral” con sacrificio temporal, si así se precisaba, de otros derechos”.

Además, en concordancia con el mandato constitucional el artículo 4.2 d) del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores en la relación de trabajo, a su integridad física (consagrada en el art. 15 CE) y a una adecuada política de seguridad e higiene. Y, por su parte, el artículo 14.1 de la LPRL establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo

En tercer lugar, recuerda el TSJ, no puede desconocerse el carácter reiteradamente recalcado de la temporalidad de las modificaciones decididas vinculadas a la propia evolución y correlativa temporalidad del estado de alarma y que en todo momento se han tratado de consensuar.

Esta temporalidad de las medidas y las causas de su aplicación nos llevan a concluir que falta el rasgo esencial de la sustancialidad de la modificación y afirmar, en consecuencia, que no nos encontramos en sede del art. 41 del ET sino ante una materia concreta, novedosa, que ha merecido una respuesta específica y coyuntural. Por todo ello, el TSJ descarta la existencia de modificación sustancial.

TSJ de Madrid, (Sala de lo Social) Sentencia num. 688/2020 de 25 junio. Procedimiento Conflicto colectivo 318/2020 Secc.1

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