CAMARAS DE SEGURIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ EL LIMITE? | Eduardo Ortega Figueiral

CAMARAS DE SEGURIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ EL LIMITE?

 

Son muy recurrentes las consultas que los profesionales del ámbito laboral recibimos en relación a las posibilidades legales que tienen las Empresas, dentro de sus facultades de control y dirección, en relación a la posibilidad de instalar en sus centros de trabajo cámaras de seguridad y vigilancia.

 Como cuestión preliminar siempre debemos dilucidar y discernir si tales medidas serán de adopción en lugares de tránsito o estancia general, como medida de vigilancia de la propia empresa, donde, ya adelantamos,  no encontraríamos obstáculo legal alguno para tal implantación, o bien, tales medidas afectarían directamente al control sobre la actividad laboral de los trabajadores. 

Analizando el asunto en su globalidad, indicar que el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores –en adelante ET-  contempla genéricamente la posibilidad de control por parte del empresario, siempre que se respete la dignidad del trabajador. Por su parte el art. 4 ET, determina y establece el elenco de derechos básicos laborales de los trabajadores.

 En este sentido debe tenerse en cuenta que el poder de dirección del empleador, imprescindible para la buena marcha de la organización productiva (organización que reflejan otros derechos reconocidos constitucionalmente en los arts. 33 y 38 CE) y reconocido expresamente en el citado art. 20 ET, atribuye al empresario, entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales en su más amplio sentido. Mas esa facultad ha de producirse en todo caso, como es lógico, dentro del debido respeto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo recuerda igualmente la normativa laboral, Art. 4.2 c) y 20.3 ET, así como la protección del derecho a la intimidad del trabajador.

 Por otro lado, el derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 de la Constitución no comprende, en principio, los hechos referidos a las relaciones sociales y profesionales en que se desarrolla la actividad laboral, que están más allá del ámbito del espacio de intimidad personal y familiar.

En resumen, el  empresario no queda libremente facultado para llevar a cabo, con el pretexto de las facultades de vigilancia y control que le confiere el art. 20.3 ET, intromisiones ilegítimas en la intimidad de sus empleados en los centros de trabajo.

En este mismo sentido se han pronunciado las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y el propio Tribunal Supremo en multitud de sentencias.

De lo que se trata es, por tanto, de fijar un punto de equilibrio entre el derecho del empresario a adoptar las medidas que estime oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, y la preservación de los derechos y libertades fundamentales del propio trabajador.

Concretando lo anteriormente expuesto, se admitiría la instalación de cámaras, micrófonos u otras medidas de seguridad siempre que se dieran las siguientes condiciones:

-                     Si la medida en cuestión añade mayor control y seguridad a la actividad de la empresa. Es decir que se trate de una medida necesaria y equilibrada, idónea para la finalidad pretendida por la empresa.

-                     Si la instalación era conocida por los trabajadores y el comité de empresa antes de entrar en funcionamiento.

-                     Si las citadas medidas están a la vista, lo que elimina cualquier actitud subrepticia de la empresa.

-                     Si su instalación se limita a puntos concretos del centro de trabajo.

-                     Respecto a la instalación concreta de cámaras se exige la limitación de que su instalación se efectúe exclusivamente en los lugares de trabajo y que las filmaciones no tengan una posterior difusión.

          El caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Constitucional 186/2010 ilustra bien lo que se apunta. En efecto, plantea la posible lesión del derecho a la intimidad del trabajador como consecuencia de la instalación por la empresa de un circuito cerrado de televisión para controlar determinados puestos de trabajo, considera el Alto Tribunal que, en el concreto caso examinado, la medida está justificada. En primer lugar, porque “existían razonables sospechas de la comisión por parte del trabajador de graves irregularidades en su puesto de trabajo”; en segundo lugar, porque la medida es idónea para la finalidad pretendida por la empresa”, esto es: verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; en tercer lugar, porque se trataba de una medida necesaria, ya que la visualización y grabación serviría de prueba de tales irregularidades; y en cuarto lugar, porque también la decisión de instalar las cámaras fue equilibrada al limitarse la grabación de imágenes a la zona de la caja y a una duración temporal limitada, “la suficiente para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada”. 

 

En definitiva, la intimidad del trabajador no queda comprometida por el mero hecho de filmar cómo desempeña las tareas encomendadas ni su puesto de trabajo, ni mucho menos en lugares públicos del centro de trabajo, tal y como puede ser el comedor o lugares análogos, siempre que esa medida no resulte ni arbitraria ni caprichosa, ni se pretenda con la misma divulgar su conducta, sino que se trate de obtener un conocimiento de cuál es su comportamiento laboral.

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