ANALISIS DE LA JUSTICIA: PRINCIPALES INDICADORES A CONSIDERAR.

Es prácticamente un clásico en nuestro país la queja permanente. Nos quejamos prácticamente de todo y por todo. En nuestro carácter la queja tiene un papel preponderante. Qué mal está la política; la sanidad es un desastre; por qué debo pagar peajes en la autopista; la justicia es de muy mala calidad y sumamente lenta ….  Estas y otras frases muy similares son repetidas a diario por miles de personas, con mayor o menor razón, pero prácticamente forman parte de nuestro acervo cultural y dialéctico.

Hoy me quiero centrar en algo que directa y reiteradamente nos atañe a todos los que estamos vinculados por estos post y se extiende a la ciudadanía en general. Cuantas veces nos quejamos todos de la justicia en España. Su colapso, sus resoluciones, su calidad, etc… son cuestiones que están encima de la mesa permanentemente. No obstante, muchas veces se opina de forma muy subjetiva – en función de la última sentencia que nos haya sido notificada por parte de este u otro juzgado de lo social – y otras, las más, sin tener datos reales.

 Pues bien, el objetivo de la publicación de hoy es aportar datos concretos sobre la actividad de la justicia en nuestro país con un doble objetivo: en primer lugar, que todos seamos conscientes de “dónde nos metemos” cuando nos vinculamos a cualquier proceso judicial o cuando somos nosotros los que iniciamos esa máquina en cualquier procedimiento. En segundo que seamos más objetivos cuando nos refiramos a la justicia “en Mayúsculas.”   Y esos datos los hemos encontrado en un estudio que recientemente ha sido publicado por la Fundación Wolters Kluwer España y que se presentó hace escasos días en el Ministerio de Justicia denominado “Observatorio de la Actividad de la Justicia”. Su contenido íntegro es de acceso general y se encuentra a vuestra disposición. 

 En el citado estudio de campo se efectúa un completísimo análisis sobre los principales indicadores y datos más relevantes que afectan a nuestros órganos judiciales. Veamos los que hemos considerado de mayor relevancia:

1.   Asuntos resueltos:

A lo largo del año 2014, el estudio se centra en ese ejercicio, el número total de asuntos resueltos por el conjunto de órganos judiciales en general se incrementó en un 7,5%.

Si nos centramos en la jurisdicción de lo social ese incremento prácticamente duplica esa media por cuanto de 354.854 casos resueltos en 2012 pasamos a 411.818 en 2014. Eso supone un incremento del 14,26%. Es el incremento más importante de todas las jurisdicciones. Ello parce lógico a tenor de los años de crisis que pasamos y la conflictividad laboral que vivimos durante esos ejercicios.

2.   Carga de trabajo de los órganos judiciales:

El número de jueces y magistrados incorporados a los distintos órganos judiciales – desde el Tribunal Constitucional hasta cualquier Juzgado de lo Social o de 1ª Instancia – no logra cubrir la carga de procedimientos disponible en un año. Ello es grave. Es decir, el volumen de trabajo existente es superior a la capacidad establecida para los distintos órganos judiciales.

 A este respecto indicar que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial          –CGPJ– establece en sus resoluciones internas una capacidad máxima de resolución de procedimientos anuales para cada órgano jurisdiccional. Pues bien, el indicador del 2014 ha sido del 84,93%. Es decir, se ha excedido en un 15,07% el volumen de nuevos procedimientos que se esperaba.

3.   Sentencias dictadas por jueces y magistrados miembros de la carrera judicial:

El número total de sentencias dictadas por los diversos órganos jurisdiccionales en toda España en 2014 fue de 1.558.703. Ello supuso un ligero descenso del 0,8% respecto al año anterior.

Del total de dichas sentencias un 94,98% de las mismas fueron dictadas por jueces o magistrados miembros de la carrera judicial. Es decir, 1.480.366. El resto, 78.337, se dictaron por jueces de refuerzo, suplentes o no adscritos a la carrera.

 

4.   Confirmación de resoluciones en apelación o suplicación:

Este es un dato sumamente relevante. ¿Qué porcentaje de sentencias de primera instancia son confirmadas por los órganos jurisdiccionales superiores? En nuestro ordenamiento social esa pregunta sería la siguiente: ¿cuántas sentencias de los juzgados de lo social son confirmadas por las salas de lo social de los distintos Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA?

Pues exactamente el 81,29% de las mismas. O lo que es lo mismo, sólo el 18,71% de todos los recursos de apelación o suplicación que se plantean para tratar de revocar las sentencias de instancia son estimados. Téngase ello en cuanta.

 Por lo respecta a la jurisdicción de lo social de un total de 178.811 sentencias dictadas por los diversos juzgados de lo social de toda España se formularon 39.375 recursos de suplicación.  Se confirmaron 28.942 sentencias (73,50%) y fueron revocadas 10.433 (26,4%.) Es decir, solo unos de cada cuatro recursos son estimados, aproximadamente.

Esos datos pueden tener una doble lectura: la calidad de las sentencias de los juzgados de instancia que limitan muy mucho la segunda instancia o lo restrictivo de los tribunales de segunda instancia a la hora de revisar resoluciones de órganos inferiores.

 Llegados a este punto creo relevante traer a colación un dato que no aparece en el informe que estamos comentando, dado su carácter más general, pero sí se recoge en las estadísticas que anualmente publica el CGPJ con mucho más detalle:

i.     En la jurisdicción de lo social del 100% de despidos disciplinarios resueltos por los diversos órganos jurisdiccionales el 95% del total de casos es declarado improcedente. Es cierto que en ese dato están incluidas las conciliaciones judiciales en que las empresas reconocen la improcedencia del despido y alcanzan un acuerdo con el trabajador, pero aún y así el porcentaje es demoledor y debe ser tenido en cuenta.

ii.      Ese porcentaje se reduce al 64% cuando las extinciones se deben a razones de índole objetiva. Principalmente despidos objetivos al amparo de las previsiones contenidas en el art. 52 c) del Estatuto de los Trabajadores –ET- (razones económicas, organizativas, productivas o técnicas.)

 

5.   Confirmación de resoluciones en casación admitidas a trámite:

 Son muchos los recursos de casación que llegan al Tribunal Supremo pero muy pocos los admitidos a trámite y anecdóticos – si se me permite la expresión – los que dan lugar a una modificación de la sentencia de origen.

Dado su carácter extraordinario el recurso de casación debe de superar una fase de admisión previa en la que se determina su interés casacional. Pues bien, el índice de inadmisiones es altísimo llegando hasta un 84,96% del conjunto de los recursos formulados.

 Superada esa importante criba prácticamente el 70% de los recursos que la superan son a su vez desestimados confirmándose así la resolución impugnada. Como se puede apreciar a tenor de esos porcentajes y de la doble dificultad que acreditan estos recursos de casación – admisión + resolución – es prácticamente milagroso que formulado recurso de casación este sea finalmente estimado.

Sólo un dato adicional en la jurisdicción de lo social: de un total de 32 sentencias casacionales dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 29 confirmaron la resolución de instancia y solo 3 revocaron la misma.

 

6.   Duración de los procesos:

Aquí sí existe un gran problema. Solo el 59% de los casos que entran en los distintos órganos judiciales son resueltos en los períodos estándares u óptimos fijados por el CGPJ los cuales nada tienen que ver con la duración estricta de los plazos que figuran en las leyes procesales. Es decir, las dilaciones procesales son harto frecuentes dado el volumen o carga de trabajo existente.

Por lo tanto 59 de cada 100 juzgadores resuelve sus casos en el plazo considerado óptimo por el CGPJ, que nada tiene que ver con aquellos estrictamente legales, y el 40,23% lo hacen en plazos mayores, algunos significativamente excesivos.

 

Existen otros indicadores, pero entendemos que hemos plasmado los más relevantes para tener una adecuada radiografía de nuestros órganos jurisdiccionales.

Hay datos muy relevantes que debemos todos valorar convenientemente – y ahora me centro en la jurisdicción de lo social. – Porcentajes de despidos estimados y desestimados en los que se evidencia el principio básico “pro operario” que rige en nuestros distintos juzgados y tribunales sociales. Porcentaje de recursos estimados tanto en suplicación como en casación. Dilaciones de los procesos con la incertidumbre y costes que ello conlleva, etc… 

Realmente, y, para terminar, las cifras plasmadas en el informe que hemos querido comentar vienen a hacer bueno el viejo aforismo castellano que indica “más vale un buen acuerdo con un mal pleito” o aquel otro, más general, que indica “esto es un aviso para navegantes.” Todos los que “navegamos”, con mayor o menos asiduidad, en el ámbito judicial deberíamos tener muy presentes estos datos para evitar sorpresas futuras por cuanto, como casi siempre apunto cuando se me cuestiona sobre este tipo de cuestiones, es difícil que “los temas” sean totalmente blancos o totalmente negros pues el matiz de “grises” existente es sumamente amplio.

 

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