Absentistas profesionales: ¡menuda lacra!

La picaresca es una característica intrínseca de nuestra propia forma de ser y está muy arraigada en la cultura popular no tan sólo en nuestro país sino en muchos otros. El pícaro o aquél que a través de vías no siempre ortodoxas alcanza determinadas metas nos resulta “simpático”. ¡¡Pero cuidado!! Cuando este tipo de actuaciones cuestan más de 652 millones de euros anuales a las empresas españolas la percepción debería cambiar 180 grados.

La agencia de investigación privada “Winterman Solvimar”, una de las más prestigiosas de nuestro país, me ha hecho llegar un interesante informe que han desarrollado en el que se estudia los costes que suponen para las empresas el denominado absentismo fraudulento, realizado a través de sus propias actuaciones en este campo como consecuencia de las labores efectuadas para empresas que han contratado sus servicios para prevenir esta auténtica sangría. Los datos son palmarios y sumamente reveladores.    

A través de un muestreo en el que han colaborado más de 16.000 empresas de nuestro país de todos los ámbitos y sectores productivos, y considerando una jornada laboral promedio de 8 horas, el 4,1% de la misma tiene la  consideración de absentismo laboral, entendiendo como tal cualquier ausencia del trabajo, justificada o no, y excluyendo las bajas por maternidad y situaciones análogas como sería el riesgo durante el embarazo. Sobre el citado porcentaje global un 3%, aproximadamente, tiene la consideración de absentismo fraudulento, es decir, ausencias al trabajo absolutamente injustificadas aunque se amparen en presupuestos, digamos, legales. Ese porcentaje de ausencias laborales fraudulentas se duplica en sectores tales como el textil y confección o en el de las empresas de seguros donde se producen verdaderos abusos. De los datos apuntados se deriva que cada trabajador español acredita, a lo largo del año, una media de 36 minutos de absentismo fraudulento. Si tenemos en cuenta que según el INE el coste mensual global de un empleado medio, costes empresariales incluidos, asciende a 2.310 euros, el absentismo promedio de un trabajador/año de un resultado de 34,65. Por último, si tomamos la población activa española, casi 22 millones de personas, y deducimos los trabajadores autónomos, algo más de 3 millones, resulta que trabajadores por cuenta ajena son unos 18.8. Multiplicando este número de trabajadores por el coeficiente de absentismo fraudulento indicado anteriormente, el resultado supera, por poco, los citados 652 millones de euros. Lo dicho, una auténtica epidemia fraudulenta.

Es sintomático que nuestro legislador, quizás en previsión de estas actuaciones fraudulentas, ya tenga previsto en nuestro Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el art. 52 d), la posibilidad de la extinción de contratos de trabajo cuando un trabajador, en determinados períodos, supere unos porcentajes de absentismo específicos, aún perfectamente justificados, siempre que en la empresa también se acredite determinado porcentaje de ausencias.  

Esta verdadera lacra no acaba de resolverse por más que haya habido modificaciones legislativas en estos ámbitos. Todos conocemos “leyendas urbanas” de personas a quienes supuestamente les dan la baja “por teléfono” o a través de la últimamente tan en boga depresión o “stress laboral.” ¿Para cuando una penalización al personal sanitario que otorga determinadas bajas laborales en las que se acredita de forma documental – informes o seguimientos – la inexistencia de causa que justificase la misma? El trabajador es penalizado con el despido procedente. ¿Qué ocurre con el sanitario que ha actuado de forma inadecuada? Ahí quedan las preguntas.

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